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Violencia y punitivismo

Violencia y punitivismo

No obstante el indudable potencial que conlleva la colaboración entre ciudadanía y gobierno, son preocupantes algunos impulsos punitivistas que expresan ciertos grupos feministas.

POR: PROCESO

¿Qué más se puede decir de las violencias que cotidianamente flagelan a millones de personas? Las espeluznantes cifras esbozan un panorama aterrador. Acerca de la violencia que vivimos ahora en México, que se ha extendido a lo largo y ancho del territorio, Alfredo Guerrero, investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, dice:

“Es una violencia que se nutre de la perversidad abyecta que ha hecho erupción desde lo más profundo de los procesos de degradación tanto del Estado como de sus instituciones, y se ha propagado por todos los poros de la sociedad hasta los fragmentos más pequeños de la vida cotidiana, invadiendo incluso los espacios más recónditos de la intimidad.”

Por su lado, Sayak Valencia, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte, analiza cómo la violencia, el (narco)tráfico y el necropoder construyen cierto tipo de sujetos y de prácticas, con extremos de crueldad y despojo, que imponen nuevas violencias sobre los cuerpos y las subjetividades. Varias académicas feministas dan cuenta con sus investigaciones de una variedad enorme de formas de vulneración, agresión y crueldad hacia las mujeres. Ese desborde de violencias sexuales y feminicidas, que ocurre dentro del marco de las estructuras económicas del capitalismo actual, ha sacado a miles de mujeres a las calles a denunciar la pesadilla que viven en todo el país.

Violencia social y violencia sexual se potencian mutuamente y además de ser la causa de incontables sufrimientos, también son el desvelo de una parte del gobierno. ¿Qué pueden hacer las autoridades a quienes genuinamente les duele y preocupa el horror cotidiano que no cesa? Dada la compleja articulación que existe entre el orden social y los sujetos que llevan a cabo las múltiples violencias, es muy improbable que el gobierno por sí solo, o sea sin elaborar estrategias juntamente con la ciudadanía, pueda cumplir el reclamo feminista de erradicar la violencia. Pero lo que sí puede empezar a hacer es terminar con la impunidad que existe, en especial ante los feminicidios, así como mejorar sustantivamente la atención al problema, especialmente todo lo relativo a las denuncias y a la reparación de las víctimas y la atención a las otras personas afectadas. En ese sentido valoro el proyecto que el Gobierno de la Ciudad de México está impulsando para enfrentar esta otra pandemia, tal vez peor que la del covid.

En su informe del 22 de noviembre pasado, Claudia Sheinbaum dio cuenta de una serie de acciones en relación con las víctimas de violencia. Destaco dos acciones dirigidas a afinar la forma en que el gobierno aborda los casos. La primera es un programa de formación al personal judicial y policiaco, que incluye la certificación de los Ministerios Públicos, así como la capacitación a los “primeros respondientes”, que son quienes llegan primero al “lugar de los hechos”. La segunda es la auditoría social en los procesos de procuración de justicia, que significa que una abogada que no es parte de la fiscalía acompañe e incluso represente legalmente a la víctima. De estas medidas imprescindibles, la primera requiere tiempo para ver resultados, pero la segunda ya los muestra.

Varias feministas colaboran con la gobernadora Sheinbaum y la fiscal Godoy desde la perspectiva que Chantal Mouffe nombra “involucramiento crítico con las instituciones”.

Es indispensable provocar una profunda transformación de las instituciones a través de una combinación de luchas y reformas con el fin de que retomen la diversidad de demandas democráticas. Pero para transformar las instituciones con el propósito de que cumplimenten las demandas que la ciudadanía exige, no existe una varita mágica. En la dura y necesaria tarea que le corresponde, el Gobierno de la Ciudad de México está alentando un proceso inédito, en el que hay voluntad política y hay colaboración con algunos grupos feministas. Pero no va a ser rápido ni fácil responder a las demandas que claman por la erradicación de todas las violencias. Una señal positiva es que, después de años del discurso de “en la CDMX no pasa nada”, Sheinbaum admite la existencia de esas violencias, pese al costo político que implica aceptarlo.

No obstante el indudable potencial que conlleva la colaboración entre ciudadanía y gobierno, son preocupantes algunos impulsos punitivistas que expresan ciertos grupos feministas. Los feminismos son muchos y muy diversos, y a todas sus vertientes les duelen las violencias. Sin embargo, tienen perspectivas diferentes y hay compañeras feministas que creen que se logra más justicia cuando se aplican castigos más duros o se dan más años de cárcel, por lo que exigen políticas de mano dura. Además, cuando hay la posibilidad de responder no punitivamente, dicen que no se toma suficientemente en serio el dolor de las víctimas. El asunto es muy complicado e implica reflexionar y debatir acerca de si es posible generar medidas que aborden los horrores de las violencias sin abonar a un endurecimiento de la penalización que, en definitiva, suele generar otras formas de violencia. ¿Qué, acaso se olvida que el lamentable giro punitivo y carcelario del capitalismo neoliberal produce efectos a corto y a mediano plazos en todas las subjetividades?

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