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Ven costosa la expropiación del Club Campestre de Tijuana

El presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, José Luis Molina Magaña, destacó que este procedimiento de expropiación sería costoso y tardaría más de un año

POR: EXCELSIOR

Una medida como la expropiación del Club Campestre de Tijuana debe tener una causa de utilidad pública y una indemnización, y la causa debe de estar plenamente justificada, por lo que en este caso no existe ninguna y menos justificada, coinciden abogados fronterizos ante la propuesta del gobernador Jaime Bonilla por convertir al exclusivo club en “un proyecto social, familiar, deportivo, recreativo y cultural”.

Una encuesta del gobernador Jaime Bonilla planteó a la población que el Club Campestre desde su origen no ha proporcionado ningún beneficio social para la comunidad de Tijuana, ¿estarías de acuerdo en su expropiación para fines de interés público y convertirlo en un bosque o un parque para la ciudad?

Ante este planteamiento, los ciudadanos se inclinaron a favor de dicha medida en un 77 por ciento, en tanto que un 23 por ciento rechaza la propuesta.

Bajo el lema de que “el Campestre ya no solo será de unos cuantos!! hoy será de todos!! Un proyecto social familiar deportivo recreativo y cultural”, Bonilla Valdez informó que este es el concepto que maneja su administración en torno a la expropiación de las más de 50 hectáreas de un espacio que solo beneficia a los más ricos de la ciudad.

El tema cobró fuerza desde el momento en que el gobierno de Jaime Bonilla detectó que el Club Campestre, que concentra a los dueños de las fortunas de Tijuana, no paga impuestos como el predial ni agua, decidió lanzar la propuesta de la expropiación, hasta convertirlo “en un bosque para la ciudad”.

Ahí solo se usan oficinas, un bar que es donde se van a echar sus tragos después de jugar golf y nada más, va un sector muy pequeño, ni siquiera es un atractivo turístico”, dijo.

Agregó que de acuerdo a estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud, cada ciudad debe contar con 16 metros cuadrados de áreas verdes por cada habitante, mientras que en Tijuana el promedio es de apenas 0.4 metros cuadrados de áreas verdes por cada habitante.

Al término de la transmisión, el conteo de votos arrojó que 677 internautas se pronunció a favor de la citada expropiación, mientras que 198 de ellos se pronunciaron en contra.

Sin embargo, una expropiación de dicha naturaleza podría llevar más de un año, tiempo en el cual la administración que encabeza Bonilla Valdez ya habría llegado a su término, por lo que dicha medida debe ser avalada por los aspirantes al gobierno que le sucederá en Baja California, el cual heredará este litigio y sus consecuencias.

Así lo advierten expertos del Derecho en la entidad, como el presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, José Luis Molina Magaña, quien destacó que otra característica de este procedimiento de expropiación sería lo costoso del proceso.

Y es que al menos una medida expropiatoria del llamado “Club de ricos de Tijuana”, llevaría casi un año, ya que en estos momentos las salas del Poder Judicial en los que se ventilen dichos procesos trabajan al mínimo a raíz de la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19, lo que mantiene virtualmente paralizados a tribunales y juzgados.

Molina Magaña destacó que otro ángulo delicado del caso es el costo de la medida expropiatoria, ya que deben tomarse acuerdos a este respecto para cubrir no solo los aspectos legales sino el avalúo de la propiedad.

La propuesta del mandatario estatal consiste en convertir este espacio, cuya extensión alcanza las 50 hectáreas, en “un proyecto social, familiar, deportivo, recreativo y cultural”, bajo el lema de que el campestre ya no solo será de unos cuantos, hoy será de todos.

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