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Validan medidas contra uso electoral de vacunas; aún no resuelven fondo del asunto

El Tribunal Electoral ratificó el acuerdo del INE para evitar que Morena se apropie indebidamente de programas sociales

POR: EXCELSIOR

En sesión privada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)confirmó que el INE otorgara medidas cautelares contra el partido Morena por vincularse con el registro de beneficiarios de programas del gobierno federal y el supuesto uso del programa de vacunación contra covid-19.

Esta resolución sólo tiene que ver con la solicitud de medidas cautelares y no con el fondo del asunto, el cual será abordado en otra sesión.

Las y los magistrados consideraron que el acuerdo no contraviene las disposiciones legales ya que, desde una perspectiva preliminar, los hechos denunciados sí pueden ser contrarios a las disposiciones constitucionales y legales, en virtud de que aparentemente se está en presencia de una indebida apropiación de programas sociales —como es la campaña de vacunación contra covid-19— para posicionar a Morena, en el marco del proceso electoral en curso.

El pasado 12 de febrero, el PAN denunció a Morena por la supuesta realización de padrones o registros de beneficiarios para acceder a programas de gobierno, así como por el presunto uso y aprovechamiento de ese tipo de programas durante el actual proceso electoral.

Las medidas cautelares determinadas por el INE son:

Que Morena se abstenga de realizar, ordenar o participar en actos como los denunciados, y que instruya a su personal y militancia de no ostentarse directa o indirectamente en representación de ningún ente público o gubernamental ni solicitar información de la credencial para votar.

PROMUEVEN SANCIONES

Con iniciativas de reformas PRI, PAN y PRD buscan castigar como actos de corrupción el que los servidores públicos se beneficien de los programas de salud y de vacunación y que el Estado tenga la obligación de garantizar el abasto de vacunas.

Kenia López, del PAN, y Miguel Ángel Mancera, del PRD, plantearon una reforma constitucional para establecer que el Estado tiene la obligación de garantizar acceso a vacunas.

Por su parte, Miguel Ángel Osorio Chong (PRI) propuso considerar como un delito de corrupción el que los servidores públicos se beneficien de los programas de salud y de vacunación.

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