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El presidente contra la industria farmacéutica nacional

El poder de las palabras presidenciales es enorme. Hay veces en que López Obrador pareciera no medir las consecuencias de sus dichos y, sobre todo, de sus acusaciones sin evidencia.

POR: PROCESO

“¡Si el poder miente, desmiéntelo!”. Esta es una máxima que, según Michael Foucault, viene desde la antigua Grecia.

Esta tarea nunca es grata y menos cuando el gobernante reacciona con destemplanza ante la crítica. Sin embargo, el periodismo contemporáneo se juega su prestigio, presente y futuro, cumpliendo con este principio fundacional de la democracia.

El martes 16 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció un discurso recio contra la industria farmacéutica mexicana con argumentos inexactos y algunos de ellos de plano falsos.

El tema es importante, no sólo por la suerte de este sector económico, sino también porque el discurso presidencial es responsable directo de una crisis mayor en el abasto de medicamentos.

Son miles de pacientes quienes están sufriendo por la escasez de fármacos, destacadamente quienes requieren tratamientos costosos ya que padecen enfermedades autoinmunes o cáncer.

Para justificar las decisiones tomadas por su gobierno, el presidente López Obrador narró que, antes de que tomara posesión, constató “la gran corrupción en la compra de medicamentos”.

Dos años y cinco meses han transcurrido desde la fecha referida y sin embargo no hay una sola denuncia formal en la Fiscalía General de la República o en la Secretaría de la Función Pública que respalde esta grave acusación.

Como dice el mandatario, robarse el dinero de las medicinas es moralmente imperdonable, pero sobre todo debería ser jurídicamente imputable y por tanto, sancionable.

No presentar una denuncia formal ante las instancias encargadas de perseguir el delito –si se es autoridad– convierte en cómplice a quien acusa. La vara es todavía más elevada cuando quien señala es el jefe del Estado.

El presidente también afirmó que la compra consolidada –antes celebrada anualmente por el Instituto Mexicano del Seguro Social para todo el sector salud, incluidas las entidades federativas– estuvo atravesada por el tráfico de influencias que ejercían diversos actores de la política.

Nuevamente esta acusación es muy seria y, de ser cierta, merecería ser perseguida con firmeza. El problema, otra vez, es que ni el mandatario ni su gabinete revelaron los nombres de los políticos involucrados, tampoco exhibieron la presunta mafia dedicada a la venta de medicamentos al gobierno.

Si el mandatario afirma que hay tráfico de influencias y si advierte que tiene identificados a los políticos que se aprovecharon del sistema de salud para hacer fortuna, lo menos que puede ofrecer es una investigación robusta que permita perseguir a los responsables.

En el mismo discurso, López Obrador señaló a la industria farmacéutica nacional de haberse procurado un régimen de protección para garantizar que sus productos fuesen adquiridos por el gobierno mexicano, dejando fuera la posibilidad de comprar fármacos más baratos provenientes del extranjero.

En esto el discursante manipula usando medias verdades: si bien es cierto que el régimen de compras consolidadas de medicamentos prioriza el producto local sobre el extranjero –siempre y cuando el primero exhiba un precio igual o inferior al segundo–, también lo es que así ocurre en todo el mundo.

Se trata de una medida para asegurar la soberanía nacional en materia de salud. Los franceses priorizan la compra de fármacos franceses, los ingleses de productos ingleses y los estadunidenses hacen igual. Proceder de otra manera significaría pegarse un tiro en el pie, porque conlleva una dependencia indeseable.

Al presidente López Obrador no debería costarle trabajo comprender este argumento. La misma obsesión que tiene con la soberanía energética debería ostentarla respecto a la soberanía en materia de medicamentos.

No se entiende el tren del pensamiento presidencial que prefiere comprarle a los monopolios alemanes, ingleses, argentinos o estadunidenses y desproteger a la industria mexicana.

Por último, López Obrador acusó a la empresa farmacéutica tapatía PISA –la más grande de América Latina– de haber emprendido una campaña contra el gobierno mexicano.

Si una empresa conspira contra la República, los demás mereceríamos contar con información y elementos de juicio. No puede el mandatario arrojar la piedra y luego esconder la mano. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿A través de qué medios? ¿Cuándo? ¿Por qué emprendió PISA la campaña referida?

No ofrecer esta información produce temores fundados entre el sector privado. Cabe prever que mañana el mandatario continuará destruyendo la reputación de otras unidades económicas, sin molestarse siquiera en justificar sus dichos ni las razones para estallar la bomba.

Detrás de la industria farmacéutica mexicana hay miles de empleos y por tanto miles de familias que subsisten gracias a su suerte. No son sus dueños quienes merecen, en primer lugar, una defensa, sino todas esas trabajadoras y trabajadores cuya plaza de trabajo depende de que no naufrague la industria para la que laboran.

Se trata, además, de un sector intensivo en capital, dependiente en extremo de su buena reputación. El embate sistemático del presidente es proporcional a la destrucción de ese capital, económico y reputacional.

El poder de las palabras presidenciales es enorme. Hay veces en que López Obrador pareciera no medir las consecuencias de sus dichos y, sobre todo, de sus acusaciones sin evidencia.

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