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Aplanadora morenista le da trabajo a la Corte; en promedio recibió 2.6 quejas diarias

En 2.5 años de la actual Legislatura se presentaron 85 impugnaciones a diversas leyes; entre 2000 y 2018 sólo hubo 38

POR: EXCELSIOR

La imposición de la aplanadora legislativa de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados provocó que en sólo 32 meses legisladores federales, órganos autónomos, gobiernos municipales y estatales presentaran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 85 impugnaciones de leyes y reformas, más cuatro que se concretarán este mes.

Entre los años 2000 y 2018, periodo del auge del Poder Legislativo plural, en la SCJN se presentaron 38 acciones de inconstitucionalidad por parte de la extinta PGR, la CNDH, algunos partidos políticos en lo individual y únicamente ocho de ellas surgieron de las entrañas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.

En contraste, en los dos años y medio de la actual LXIV Legislatura, caracterizada por la aplanadora oficialista de Morena, se han presentado 85 impugnaciones ante la Corte, de las cuales 28 son acciones de inconstitucionalidad y 57 corresponden a controversias constitucionales.

Además, el Inai anunció que impugnará la reforma que exige la entrega de datos biométricos para permitir el uso de telefonía celular, mientras que el bloque opositor en el Senado prepara tres acciones más: contra la exigencia de datos biométricos; la prolongación del periodo de la presidencia de la Corte y contra la reforma de hidrocarburos.

La información pública de los registros de la SCJN permiten observar que mientras en 18 años de un Congreso de la Unión plural, las y los diputados federales y senadores recurrieron únicamente en ocho ocasiones a una acción de inconstitucionalidad para frenar una ley o una reforma legal, en sólo 32 meses de la actual LXIV Legislatura, las y los legisladores federales tuvieron que recurrir en 13 ocasiones a presentar una acción de inconstitucionalidad, ante la evidente insuficiencia de sus votos en el Congreso.

Identificada con el expediente 6/2003, se registra una acción de inconstitucionalidad promovida por 174 diputados federales de la LVIII Legislatura en contra de algunos puntos de la Ley de Ingresos de la Federación; con el número 11/2003, hay otro recurso igual, presentado por diputados federales de la LVIII Legislatura en contra de los criterios para fijar relaciones laborales del Conacyt.

La 10/2004 fue de legisladores de la LIX Legislatura contra algunos puntos de la Ley de Ingresos y la más famosa en su momento fue la 26/2006, presentada por un tercio de las y los senadores de la LIX Legislatura en contra de reforma a la ley de telecomunicaciones, que fue declarada inconstitucional en diversos artículos.

La 29/2008 fue presentada por diputados federales en contra de los criterios del IEPS a gasolinas y las identificadas como 11/2018, 8/2018 y 6/2018, fueron presentadas por senadores y diputados en contra de la Ley de Seguridad Interior, la única ley hecha en el sexenio de Enrique Peña que fue impugnada ante la Corte y sumó siete recursos.

Pero desde septiembre de 2018 hasta ayer, desde el Legislativo surgieron acciones de inconstitucionalidad contra la ley de remuneraciones; cambios a la industria eléctrica; inclusión de la Marina Mercante en la Secretaría de Marina; contra el 16% de IVA a productos de higiene femenina; contra la desaparición de fideicomisos; contra los nuevos criterios en la compra de medicamentos; a los nuevos criterios de derechos de autor.

También contra los criterios de austeridad republicana; la miscelánea penal en materia de prisión preventiva oficiosa; la primera reforma a la ley de remuneraciones y tres más en contra de los cambios a la administración pública federal.

Acción de inconstitucionalidad

Recurso legal que se tramita en forma exclusiva ante la SCJN por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía: ley, tratado internacional, reglamento o decreto, con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales.

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